No a la negociación ‘caso por caso’
El martes 1/6 el Ministerio de Educación de la Ciudad ‘notificó’ el despido o recorte salarial de más de 80 docentes contratados, mediante llamados telefónicos. La excusa fue, una vez más, la existencia de ‘ñoquis’.
La respuesta de la base docente fue inmediata. La comisión interna de ATE Esmeralda impulsó masivas asambleas en la sede del Ministerio, un corte de calle y una toma del edificio por unas horas.
En las asambleas abiertas se decidió llamar a un cese de tareas y concentración frente al Ministerio de Educación para el día siguiente.
El mismo 2/6 el gobierno cedió parcialmente. Dictó una suerte de ‘conciliación obligatoria’ en la que por ‘quince días’ no habrá despidos –es decir que los ‘notificados’ vuelven a sus puestos de trabajo- y se abre un proceso de negociación ‘nombre por nombre’.
Esta misma maniobra del gobierno la hemos visto en los despidos masivos de estatales de 2008 y los más recientes de principios de este año, en los que las direcciones de SUTECBA (GCT) y ATE (CTA) han accedido a defender ‘sólo a los trabajadores’. Esto significa aceptar que existen ‘ñoquis’ y colaborar con el gobierno en la elaboración de la nómina de cesantías.
El ministerio que contrató al espía Ciro James no tiene autoridad moral para detectar ‘ñoquis’. Sólo la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo es la garantía de que se cumpla con los convenios de trabajo en todo sentido.
Además, los delegados -e incluso las direcciones sindicales- no poseen un listado de todos los contratos de locación por lo que no pueden 'defender sólo a los trabajadores' porque si aceptan un despido no tienen forma inmediata de saber de quién se trata.
Por otra parte, la negociación con el gobierno debe darse con los compañeros -parcialmente reincorporados- movilizados y exigiendo que no se acepte un solo despido.
Por el momento, las direcciones de ATE, UTE y Ademys convocarán a un plenario general el martes 15, cuando venza la 'conciliación obligatoria' y en caso de que el gobierno persista en los despidos.
Es preciso que desde las bases de cada programa de docentes contratados, e impulsado por los delegados combativos, se logre imponer un plenario general para votar un plan de lucha.
No sólo corren riesgo más de un centenar de puestos de trabajo sino que está más pendiente que nunca desarrollar una lucha en común por el cobro en tiempo y forma; la actualización salarial de los contratos de locación y módulos institucionales, que supone el pasaje a horas cátedra; la prohibición de despidos, y el ingreso al estatuto y la titularización como única solución de fondo ante la precarización laboral docente.
El martes 1/6 el Ministerio de Educación de la Ciudad ‘notificó’ el despido o recorte salarial de más de 80 docentes contratados, mediante llamados telefónicos. La excusa fue, una vez más, la existencia de ‘ñoquis’.
La respuesta de la base docente fue inmediata. La comisión interna de ATE Esmeralda impulsó masivas asambleas en la sede del Ministerio, un corte de calle y una toma del edificio por unas horas.
En las asambleas abiertas se decidió llamar a un cese de tareas y concentración frente al Ministerio de Educación para el día siguiente.
El mismo 2/6 el gobierno cedió parcialmente. Dictó una suerte de ‘conciliación obligatoria’ en la que por ‘quince días’ no habrá despidos –es decir que los ‘notificados’ vuelven a sus puestos de trabajo- y se abre un proceso de negociación ‘nombre por nombre’.
Esta misma maniobra del gobierno la hemos visto en los despidos masivos de estatales de 2008 y los más recientes de principios de este año, en los que las direcciones de SUTECBA (GCT) y ATE (CTA) han accedido a defender ‘sólo a los trabajadores’. Esto significa aceptar que existen ‘ñoquis’ y colaborar con el gobierno en la elaboración de la nómina de cesantías.
El ministerio que contrató al espía Ciro James no tiene autoridad moral para detectar ‘ñoquis’. Sólo la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo es la garantía de que se cumpla con los convenios de trabajo en todo sentido.
Además, los delegados -e incluso las direcciones sindicales- no poseen un listado de todos los contratos de locación por lo que no pueden 'defender sólo a los trabajadores' porque si aceptan un despido no tienen forma inmediata de saber de quién se trata.
Por otra parte, la negociación con el gobierno debe darse con los compañeros -parcialmente reincorporados- movilizados y exigiendo que no se acepte un solo despido.
Por el momento, las direcciones de ATE, UTE y Ademys convocarán a un plenario general el martes 15, cuando venza la 'conciliación obligatoria' y en caso de que el gobierno persista en los despidos.
Es preciso que desde las bases de cada programa de docentes contratados, e impulsado por los delegados combativos, se logre imponer un plenario general para votar un plan de lucha.
No sólo corren riesgo más de un centenar de puestos de trabajo sino que está más pendiente que nunca desarrollar una lucha en común por el cobro en tiempo y forma; la actualización salarial de los contratos de locación y módulos institucionales, que supone el pasaje a horas cátedra; la prohibición de despidos, y el ingreso al estatuto y la titularización como única solución de fondo ante la precarización laboral docente.
Gabriel Lubo
Tribuna Docente Capital
Tribuna Docente Capital
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