El gobierno de Santa Cruz bajó a la Legislatura un paquete de leyes de ajuste que consiste en el dictado de la emergencia económica, la suspensión de las paritarias, el aumento de la edad jubilatoria a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, y la eliminación de la movilidad entre los trabajadores activos y los pasivos, entre otros puntos reaccionarios.
En repudio a este plan de ajuste, los trabajadores municipales, estatales y docentes se movilizaron, acamparon y convocaron a un paro general.
Una vez más, la respuesta del gobierno kirchnerista de Daniel Peralta ha sido una brutal represión contra los trabajadores y el pueblo que ya está generando grandes rebeliones y levantamientos en su repudio, y una gigantesca crisis al interior del propio gobierno.
El saldo de la represión ha sido de decenas de heridos y un quiebre en el gobierno provincial producto del cual funcionarios y legisladores de La Cámpora, dirigidos por Máximo Kirchner, buscarían despegarse del paquete de leyes de ajuste que ellos mismos redactaron por orden de la presidenta.
Este cuadro de completa crisis en el centro mismo del poder K se da al día siguiente en que la presidenta promulga la ley antiterrorista y prorroga los vencimientos de deudas de las provincias en rojo, con el probable compromiso de éstas de aplicar medidas de saneamiento económico.
Esta crisis deja planteada la necesidad de la huelga general para parar la represión y evitar que se aprueben las leyes del ajuste.
El ajuste, la represión y la crisis abierta en Santa Cruz nos exige la más amplia solidaridad con los trabajadores y el pueblo santacruceño.
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