Acerca de la Ley Nacional de Inclusión Educativa,
su política privatista y tercerizadora
La Ley Nacional de Inclusión Educativa
propuesta por el Gobierno Nacional y abrazada por el Macrismo y otros gobiernos
provinciales, le pone el moño a la Ley de Educación Nacional de Filmus-k del
año 2006 específicamente en torno al área de Educación Especial, la que atañe a
personas con discapacidad.
Haciendo demagogia con
los términos “inclusión”, “necesidades educativos especiales” y “trayectorias
escolares” todos los sectores patronales del oficialismo y de la
oposición terminan acordando con esta ley (ver informe de clarín 23/7
“Persiste la falta de inclusión escolar de los discapacitados”) que promueve
que el Área de Educación Especial vaya desapareciendo paulatinamente de
la agenda de gastos del Estado y avala que los sectores privados entre los que
se incluyen a los mas podridos de la patronal nacional e internacional (llámese
Grupo Clarín, Fundación YPF, Fundación Ford, etc.) especulen con los servicios
educativos y con los sujetos con discapacidad al tiempo que, en muchos casos, mantienen a los docentes, en los
centros de discapacitados privados, bajo el convenio de comercio.
En primer lugar la Ley
de Inclusión pretende que todos los sujetos que no tengan certificado de
discapacidad concurran a la escuela común. Dejando totalmente de lado la
realidad del país en materia del vaciamiento del sistema de salud, el gobierno
y sus cómplices no dicen que los turnos, tratamientos y estudios que determinan
la discapacidad de las personas pueden demorar años; y muchos mas cuando las
discapacidades intelectuales son producto del uso de drogas y estupefacientes o
simplemente las miserables condiciones de vida, ya que estas no figuran en los
manuales de psiquiatría.
Así están, hoy mismo,
realizando “pruebas piloto” de la “inclusión” en el nivel secundario y allí los
docentes expresan la desidia y el abandono que caracteriza la “trayectoria
educativa” de los jóvenes que son expuestos cada día a un régimen de estudios
que no alcanzan siquiera a sobrellevar.
Mas adelante, la ley en
cuestión pone de relieve la importancia del “personal de apoyo”
que se vera afectado a llevar adelante la inclusión de cada niño. Defendiendo
que este “personal” sea garantizado por las obras sociales, quienes a su vez
contratan docentes a través de ONG`s, asociaciones civiles o, en resumen, centros
educativos y/o de integración privados (que muchas veces son financiados por
grandes empresas y/o multinacionales para así, evadir impuestos) el estado
nacional se pone otra vez al servicio de la tercerización laboral, el
vaciamiento educativo y la especulación financiera a costa de los niños jóvenes
y adultos que presentan discapacidad.
Pretenden asimismo,
abrirle otro negocio a los privados: “Centros educativos integrales” (para
jóvenes de 12/14 a 20/22 años), reemplazarán a las “Escuelas de Formación
Laboral” obviamente aniquilando miles de puestos de trabajo a nivel nacional.
Habilitaran así los Centros de Formación Profesional ya conocidos, para los
jóvenes con discapacidad a partir de los 20/22 años, o directamente ligarán a
los jóvenes con las pasantías que favorecen el trabajo precario en las
empresas.
Con aires de progresismo
pretenden engañar a familias, docentes y personal de salud señalando que el
problema de la derivación de los niños o jóvenes desde la escuela común a la
especial es producto de la discriminación de la cultura y la sociedad (léase
trabajadores de la educación y la salud), cuando es el mismo estado el que
garantiza con su políticas de atropello sobre el pueblo trabajador el aumento
de las discapacidades, es el mismo estado que garantiza aulas híper-pobladas en
las que no se puede ni enseñar ni aprender y es el mismo estado que pacta cada
día con empresarios de todo tipo y nación para que la “calidad educativa” se
transforme en un negocio bien redituable.
En la Ciudad de Buenos
Aires ya esta aprobado el trabajo en conjunto con Nación para llevar adelante
las transformaciones necesarias. La burocracia sindical de UTE no ha emitido
una palabra en todo el año acerca de esto dando muestras de apoyo total a la
ley y colocando una vez más a nuestro sindicato al servicio de las políticas anti
populares.
No es esta clase social
gobernante la que va a llevar adelante una política de inclusión, en la que la
vida de las personas sea valorada en su integridad, discapacitada o no, otorgándole
a cada uno el espacio y los tiempos que necesitan para aprender y o enseñar y
sobre todo desarrollar el máximo de sus potenciales. Solo una alternativa
política de los trabajadores puede desarrollar un programa y tomar esta
tarea en sus manos.
· Construcción de
escuelas especiales;
· Integración y/o acceso
a la educación especial para todo aquél que lo necesite, durante el tiempo
necesario;
.Creación por estatuto
del cargo de maestra/o integrador/a, nombramiento por listado;
· Basta de tercerización
del trabajo con empresas privadas en Educación Especial;
· Pase a estatuto de todo
el personal que se desempeñe en las escuelas;
.Pase al convenio de
Educación o Salud según corresponda;
. Ningún cierre, ninguna
reubicación.
Triplicación del
presupuesto educativo.
No a la ley privatista y
tercerizadora.
Valeria Filgueira
TRIBUNA DOCENTE
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