Este 11 de septiembre desde las 10 hs., vamos a Comodoro Py
El asesinato de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010,
ha conmocionado al país. La inmediata campaña masiva y popular por el juicio y
castigo a todos los culpables se ha hecho visible a lo largo y ancho del país,
incluso la figura de Mariano ha trascendido las fronteras.
El gremio docente no ha estado ajeno a esta campaña desde el
día mismo de su asesinato, cortando la intersección de las avenidas Callao y
Corrientes en Capital Federal, y parando masivamente y movilizando al día siguiente,
movilización que superó las 100.000 personas en todo el país.
El crimen de nuestro compañero condensa diversos elementos
de la crisis del régimen de gobierno. Se ha puesto de manifiesto el entramado
mafioso entre el gobierno, la burocracia sindical y grupos empresariales para
llevar adelante sus negocios, el desfalco de fondos públicos vía los subsidios
millonarios y la explotación obrera a través del fraude laboral que implica la
tercerización y las cooperativas truchas. Como dijo un compañero de militancia
de Mariano, testigo en el juicio, Lisandro Martínez, “tiraron a matar porque
defienden un negocio millonario”.
El ataque de la patota de la Unión Ferroviaria no podía
llevarse adelante sin la acción decidida de la Policía Federal y Bonaerense que
actuó mancomunadamente con la patota, atacando a los tercerizados y a quienes
los acompañaban, disparando balas de goma, protegiendo a la patota y dejándolos
acercarse, disparar y huir. Los policías son partícipes necesarios del
homicidio e intento de homicidio de los compañeros atacados.
Aníbal Fernández, a cargo de la Federal en ese momento,
sostuvo que “la policía hizo lo que tenía que hacer” (Panorama, 21/10/10), un
lapsus significativo porque no dice qué es eso que ‘tenía que hacer’. Para
justificar la inacción policial hacia la patota, Fernández dijo que el ataque a
balazos “se registró en un lugar al cual no pueden acceder móviles y hay que
ingresar caminando” -Clarín, 21, 10, 2012), una falsedad a todas luces.
Estamos aquí ante una reivindicación incondicional de la
actuación policial, incluso si tuvo características criminales de complicidad.
Los siete policías que hoy están en el banquillo de los acusados, confirman
nuestra caracterización y desmienten al poder político –la Presidenta y sus ministros.
Asimismo, la UGOFE otorgó licencias gremiales para el armado
de la patota ese 20 de actubre, y la cadena de responsabilidades llegan hasta
el Ministerio de Trabajo y la Subsecretaría de Transporte.
Desde el comienzo, la intervención del gobierno nacional
buscó proteger políticamente a los asesinos y atacar a la organización donde
militaba Mariano.
Todo el entramado mafioso que se ha puesto de manifiesto
luego del asesinato de nuestro compañero sigue en pie. Guillermo Antonio Luna,
de La Fraternidad –socio político y de negocios de Pedraza- continúa en la
Subsecretaría de Transporte Ferroviario; la Unión Ferroviaria continúa en el
directorio del Belgrano Cargas; y toda la masa de subsidios millonarios siguen
siendo girados hacia los mismos empresarios y burócratas sindicales que
perpetúan el fraude laboral, el régimen de terror en los lugares de trabajo, y
el desguace del sistema ferroviario.
Dos años después del crimen de Mariano, la permanencia
de todos ellos se cobró 51 vidas en la masacre de Once.
El comienzo del juicio, el pasado 6 de agosto, ha sido todo
una victoria de la movilización popular, que ha logrado desbaratar todas las
maniobras y chicanas de los acusados. Una nutrida concentración de docentes,
trabajadores de diversos gremios, estudiantes, organizaciones políticas,
sindicales, sociales, de derchos humanos, etc., se hizo presente en
Comodoro Py para acompañar y presenciar este gran hecho político.
Este 11 de septiembre aprovechamos el receso por el Día del
maestro para asistir a la audiencia correspondiente en los Tribunales de
Comodoro Py desde las 10 horas.
Entre las numerosísimas actividades en el marco de la
campaña “Justicia por Mariano”, se está organizando un gran festival de
artistas en la Plaza de Mayo para el día 26 de septiembre.
La conclusión política de estos 22 meses de intensa lucha,
es que para obtener la condena de Pedraza y el resto de los imputados será
necesaria una gran movilización popular. Es una lucha unida en forma
inextricable a la pelea por la expulsión de la burocracia de los sindicatos, el
fin de la estatización sindical y el desarrollo de una dirección clasista del
movimiento obrero.
Tribuna Docente
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