CONFERENCIA DE PRENSA El lunes 30 de
Diciembre a las 11 horas, en la sala de conferencia de prensa de la Legislatura
de la Ciudad, los diputados Pablo Bergel, Alejandro Bodart, Virginia González
Gass, Marcelo Ramal y Gustavo Vera, entre otros, realizarán una conferencia de
prensa, para reiterar el pedido de una sesión especial para debatir la
emergencia eléctrica en la Ciudad. Junto a la prensa, invitamos a la población
afectada por los cortes y a toda la ciudadanía. ¡Este lunes todos a la
Legislatura!
La legislatura porteña paralizada. El
frente de izquierda quiere llevar adelante la "ley de declaración de
estado de Emergencia Eléctrica".
Proyecto de Ley de declaración del estado
de Emergencia Eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires presentado por el legislador
Marcelo Ramal en la Legislatura porteña por el Partido Obrero en el Frente de
Izquierda.
Art.1º: Se declara la emergencia
energética en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
propósito de la misma es asegurar el suministro de energía eléctrica a la
población de la Ciudad, en el cuadro del colapso eléctrico verificado en las
últimas semanas.
Art.2º: La presente emergencia se
extenderá desde la promulgación de esta ley hasta el 31 de marzo de 2014,
pudiendo esta Legislatura prorrogarla toda vez que lo considere
necesario.
Art. 3º: Se crea un Comité de emergencia
energética, integrado por a) un representante de cada bloque de la Legislatura
de la Ciudad, b) representantes de los Consejos consultivos de las Comunas y de
los barrios afectados; c) representantes electos de los trabajadores y técnicos
de las distribuidoras de energía; d) académicos de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Buenos Aires.
Art. 4º: Son funciones del Comité de
Emergencia:
a) realizar un mapa de las zonas de la
Ciudad afectadas por los cortes de luz, así como de las subestaciones, cámaras
y tendidos que se encuentren colapsados por la falta de renovación y
mantenimiento adecuados;
b) disponer la compra de todos los
materiales y equipos, así como la contratación de los trabajadores y técnicos
necesarios para la emergencia.
c) Ordenar la ejecución de todas las
tareas de reparación que emerjan de los relevamientos anteriores.
Art. 5º: El Comité de Emergencia tendrá
amplias facultades de intervención sobre las distribuidoras de energía con
jurisdicción en la Ciudad. En ese carácter, podrá solicitar a las mismas la
información técnica necesaria y coordinar con sus departamentos todas las
tareas para la emergencia.
Art. 6º: Se ordena al Comité de Emergencia
la convocatoria y elaboración de un padrón de técnicos y operarios
electricistas, para la formación de un mínimo de 60 (sesenta) cuadrillas de
emergencia, a razón de cuatro por Comuna de la Ciudad. La tarea de estas
cuadrillas es atender de inmediato a las tareas de reparación de cámaras,
subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico,
según las solicitudes que emanen de los distintos barrios. Los operarios y
técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y
laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y
Fuerza.
Art. 7º: Se ordena al Comité de Emergencia
colocar a disposición de los barrios afectados un mínimo de 1500 (mil
quinientos) generadores, a razón de 100 por Comuna, para atender las
necesidades más urgentes de consorcios, complejos habitacionales y predios
afectados por los cortes de energía.
Art. 8º: Para sufragar a los gastos
planteados en esta ley, se crea un impuesto de emergencia equivalente al 3% de
todos los ingresos del Casino flotante y máquinas tragamonedas ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos o en territorios o aguas federales circundantes a la
misma. Los fondos serán percibidos por la Lotería Nacional y el Instituto de
Apuestas de la Ciudad, y transferidos al tesoro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 9º. De forma.
FUNDAMENTOS
La escalada de cortes y luz en la Ciudad y
en el conurbano, en una intensidad y prolongación nunca alcanzados, han sacado
a la luz el derrumbe definitivo del régimen de privatizaciones menemistas, así
como la tentativa de rescate de esas mismas privatizaciones por parte del
kirchnerismo. El desquicio ha llegado muy lejos: el colapso de cámaras,
subestaciones y tendidos de cables es el último eslabón del vaciamiento
energético, que arranca en los pozos gasíferos y petroleros y termina en la
distribución domiciliaria de luz eléctrica.
Las privatizaciones de los ‘90 fueron la
excusa para que los concesionarios dieran rienda suelta a un incremento
incesante de la deuda externa sustentado en la dolarización de las tarifas
internas, y que no se tradujo en inversiones. Cuando este ‘modelo’ estalló
junto con la convertibilidad, fue reemplazado por un rescate de las empresas
privatizadas fundado en el presupuesto público y en el deterioro de los
servicios. A cambio de pesificar las tarifas, el gobierno toleró que las
privatizadas no invirtieran siquiera en las más elementales tareas de
mantenimiento. Progresivamente, el gobierno fue subsidiando también los gastos
corrientes de los propios concesionarios.
Ahora, la bancarrota del Estado y el
vaciamiento energético han hecho saltar este esquema por los aires. Pero en vez
de retirar a los vaciadores del patrimonio petrolero, gasífero o eléctrico, el
gobierno ha puesto en marcha otro rescate de aquéllos. En este caso, a través
de un progresivo retorno a los ‘90. La reestatización parcial de YPF no ha sido
más que una reprivatización: el retiro de Repsol sólo abrió paso a acuerdos
leoninos con Chevron, fundados en la dolarización de los valores del gas y del
petróleo. Como si fuera poco, a estos contratos confiscatorios le acaban de
añadir un resarcimiento multimillonario a la propia Repsol, sin investigar
siquiera la liquidación del patrimonio de YPF que acometiera esa empresa
durante más de una década.
Más temprano que tarde, es evidente que el
tarifazo en los combustibles pretenderá ser transferido al sistema eléctrico,
que funciona en un 65% con usinas movidas a gas o combustibles líquidos. La
“huelga de inversiones” -y hasta del más elemental mantenimiento- que llevan
adelante las distribuidoras eléctricas apunta a ello: o sea, a arrancar el tarifazo.
Anticipando ese rumbo, la Bolsa de Valores de Buenos Aires vino premiando a las
acciones de las distribuidoras eléctricas con subas astronómicas durante todo
este año. Los especuladores celebran, mientras el pueblo de la Ciudad paga este
derrumbe premeditado con cortes de luz de varios días o semanas.
Como ha ocurrido con otras
privatizaciones, un aspecto central del vaciamiento ha pasado por la
liquidación de los planteles laborales. En las distribuidoras eléctricas, una
parte menor de los despedidos ha sido reemplazada por un vasto régimen de
precarización laboral, a través de subcontratistas y cuadrillas de trabajadores
tercerizados. Como ocurre con el ferrocarril, este régimen de trabajo precario
y sin control consume buena parte de los subsidios del Estado. Naturalmente, la
ausencia de un plan único y coordinado de mantenimiento agrava en todos sus
términos la presente emergencia.
Es indudable que el colapso eléctrico es
inseparable de un vaciamiento que abarca a toda la cadena de la producción
energética. Pero no es un secreto que los costos de extracción de hidrocarburos
en la Argentina representan apenas la quinta parte de los precios
internacionales. En ese cuadro, la pretensión de una nueva entrega petrolera
con valores “internacionalizados” implica transferir integralmente esa renta
extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones ínfimas, y
piensan proseguir “invirtiendo” apenas con una parte de los beneficios
obtenidos. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende
dolarizar. Es evidente que este retorno al menemismo plantea un verdadero
dislocamiento industrial y, ni qué decirlo, un golpe a una canasta familiar ya
fuertemente golpeada por la carestía en los alimentos, la vivienda y muchos
otros rubros.
En oposición a ese régimen fracasado, el
Frente de Izquierda impulsa la nacionalización integral de la industria
energética, desde la extracción de petróleo y gas hasta la energía eléctrica,
bajo la gestión de sus trabajadores. Esa nacionalización permitirá una
reapropiación social de la renta gasífero-petrolera, como palanca del consumo
popular y de un desarrollo industrial que, a su turno, también deberá ser
colocado bajo control obrero.
El gobierno nacional “amenaza” a las
mismas distribuidoras a las cuales -supuestamente- controlan sus Entes
Reguladores e incluso sus veedores (Edesur se encuentra ¡intervenida! por el
gobierno desde julio de 2012). A su turno, el gobierno de la Ciudad anunció un
régimen de instalación de generadores, que pagarían en cualquier caso los
propios vecinos. Pero incluso retrocedió de esa propuesta, que ha quedado
limitada a los edificios nuevos.
La indolencia de los dos oficialismos
frente al padecimiento de decenas de miles de vecinos sólo puede obedecer a una
razón: es la preparación ‘política’ del tarifazo, que querrán justificar como
única salida frente a la falta de energía.
Ante este cuadro, es necesaria una
enérgica intervención popular, frente a la impotencia de los gobiernos nacional
y de la Ciudad. Ella debe partir de iniciativas elementales frente al colapso
eléctrico, con la intervención directa de los trabajadores y vecinos.
Planteamos la creación de un Comité de Emergencia con representantes de los
mismos y de los bloques políticos de la Legislatura: de ese modo, exigimos que
el gobierno nacional y de la Ciudad asuman su responsabilidad en la crisis. La
emergencia plantea la urgente reconstrucción de cuadrillas de trabajadores y
técnicos, en acción coordinada y estrecha con las asambleas de vecinos y
representantes de las comunas. Asimismo, y hasta que se alcance una solución de
fondo, planteamos la urgente provisión de equipos de generación que puedan
paliar la grave situación de consorcios y complejos habitacionales con personas
impedidas de subir o bajar de sus departamentos, y sin acceder siquiera al
servicio de agua. Para financiar estas medidas, impulsamos un impuesto
extraordinario al juego privado radicado en la Ciudad, y que viene siendo
beneficiado con escandalosas exenciones. La crisis nacional -expresada en este
caso por el colapso energético- debe ser pagada por sus responsables, y no por
el pueblo que trabaja.
A partir de estas consideraciones,
presentamos este proyecto y reclamamos a todos los bloques de la Legislatura
una Sesión Extraordinaria, para debatir y adoptar un rumbo popular frente a la
emergencia eléctrica.
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