El cierre de cursos

La profundidad de un ataque

La reacción docente colocó en jaque la política del Ministerio, que debió salir a responder. A días de que Macri sostuviera que la educación pública se encuentra “en decadencia (9/3, Perfil.com), Bullrich pasó a inventar una educación “en desarrollo” en la Ciudad.

La respuesta de Bullrich muestra que el cierre de cursos es parte de una política general de desguace y privatización educativa.

Contra lo que afirma el Ministro, la matrícula de la escuela pública en la Ciudad está en retroceso, y no desde el Gobierno de Macri sino abarcando el de Ibarra. La privada pasa de 50.000 estudiantes a 56.000 (un once por ciento) en la secundaria básica, en el período 2003-2010. La estatal, para el mismo período, pierde 3000 estudiantes, de 71.000 a 68.000 (un 5%). La “inversión en educación” del Ministerio explica en parte esta tendencia: los subisidios a la privada llegan a 1.500 millones de pesos. El Ministro contabiliza en la “inversión educativa” los subsidios a la privada, una línea que ya está contemplada en la Ley de Financiamiento Educativo que reivindica la CTERA. El kirchnerismo comparte esta orientación privatista, lo que explica la parálisis de López a la hora de responder los datos del Ministro (no es casualidad que de 2003 a 2010 las primarias del estado hayan perdido 230.000 estudiantes en todo el país).

El escaso presupuesto que el macrismo dedicó a la escuela pública de la Ciudad fue arrancado por la lucha de docentes y secundarios, hartos de que los techos de las escuelas caigan de sus cabezas.

El Ministro dice que se cerrarán los cursos con menos de 15 alumnos. Miente, porque la matrícula de los cursos que se incluyen es superior a esa cifra. Pero incluso así es el resultado de la política del Gobierno. Por un lado se promueve la educación privada, por otro los niveles de deserción son altísimos (4 de cada 10 chicos que terminan la primaria no egresan de la secundaria), producto de la política del Ministerio, que mantiene las becas congeladas, recorta en micros escolares, y no garantiza las condiciones para que los jóvenes puedan escolarizarse.

La defensa del cierre diciendo que “se abrirán escuelas y cargos en la zona sur” es otro cuento, en primer lugar porque los docentes de cursos que se cierran son despedidos, en el caso de ser suplentes e interinos, sin indemnización alguna. En segundo lugar, porque no hay tal construcción de escuelas: no hay presupuesto asignado, ni lugares, ni nada, especialmente para los jardines, una necesidad vital de la clase obrera de la Ciudad.

La línea del Ministerio sostiene que “las escuelas deben garantizar su matrícula” una línea de competencia entre escuelas del Estado y en la cual el gobierno se desentiende para dejar actuar al “mercado” escolar.

Productividad

La cantinela de que los cursos tienen “baja matrícula” apunta a que los docentes tengan un “piso” de alumnos. Esto subordina la continuidad del puesto de trabajo a la oscilación de la matrícula, un ataque a la “estabilidad” docente en línea con el discurso presidencial.

Pero además, este criterio introduce la idea de “productividad” en el trabajo docente, algo que el Ministro tiene en mente cuando elogia el “salario por mérito” que se aplica en Ecuador o México. El Gobierno anunció la introducción del examen PISA de evaluación educativa para fin de año, y la bajada de las supervisiones establece la “evaluación” de los docentes con observaciones de clases permanentes que queden registradas. Es la continuidad de la “evaluación voluntaria” aplicada en 2011 y de la reforma de los estatutos, puesto que el Gobierno necesita controlar los órdenes de mérito para introducir criterios de “productividad” en el acceso a los cargos e incluso en el salario.