La causa en la que se investiga el presunto tráfico de
influencias para liberar a los primeros siete detenidos por el homicidio de
Mariano no muestra avances por la acción deliberada de uno de sus imputados, el
ex juez federal Aráoz de la Madrid.
En ella se investiga una supuesta maniobra que involucra a
Pedraza y al contador de la UF, Angel Stafforini; a abogados, funcionarios
judiciales y hasta un agente de inteligencia para digitar el tribunal que debía
decidir sobre la excarcelación de los primeros detenidos por el crimen de
Mariano. Su objetivo era obtener su libertad y mejorar la situación de Pedraza.
El ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid
-sospechado de haber sido el principal operador de la maniobra, a pesar de
haber abandonado su cargo de juez luego de reprobar con la calificación más
baja el examen de la magistratura- se ha dedicado a estudiar lo que no hizo en
su judicatura.
Su activo accionar defensivo consiste en una batería de recursos, en los que no dejó a nadie sin recusar, comenzando con el juez Luis Rodríguez, el fiscal Sandro Abraldes y los tres jueces de la Cámara del Crimen, los camaristas Marcelo Lucini, Mario Filozof y Ricardo Pinto, quienes rechazaron la recusación al juez de instrucción en la causa.
No sólo recusó al juez y al fiscal, sino que además los denunció penalmente, usando luego la investigación para atacar su objetividad.
El resultado ha sido que -a pesar de que hace un año el fiscal Sandro Abraldes pidió la detención de Aráoz de Lamadrid y que, en noviembre último, el juez firmó la citación a indagatoria- la causa esté hoy virtualmente paralizada. La razón del accionar de Aráoz de Lamadrid es obvia: las pruebas contra los imputados son demoledoras.
Las chicanas de Aráoz de Lamadrid deben ser rechazadas por dilatorias e improcedentes, para dar paso al juzgamiento de esta banda de coimeros y criminales.
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