Macri junto a
su ministro de educación Esteban Bullrich y al jefe de gabinete Horacio
Rodriguez Larreta presentaron un proyecto de ley para la creación del Instituto
de evaluación de la calidad y equidad educativa.
El mismo apela
como argumentación a la Constitución de la CABA y de la Ley Nacional de
Educación 26206 y se enmarca de acuerdo a las disposiciones de las leyes
nacionales (Ley 17622, 25326) y de la ley de la CABA (1845).
A través de
este proyecto intentan imponer a los docentes una evaluación externa
responsabilizando a los docentes y alumnos sobre la situación de
la educación, quedando afuera de esa evaluación el propio Ministerio de
Educación y su nefasta política
educativa.
El director
del ente será propuesto por el ministerio de
educación y electo por el ejecutivo porteño y recibirá un salario de
subsecretario.
La creación de
este Instituto Evaluativo apunta, entre otros objetivos, a introducir lo que se
llama salario atado al merito.
El gobierno
macrista impulsa este proyecto que permite el ingreso de ONG, empresas privadas
y organismos internacionales a través del mecanismo de subsidios y acuerdos
económicos.
Por otro lado
propone el método de mediciones y estadísticas para elaborar un “ranking” de acuerdo a la
organización y rendimiento de cada escuela.
La política educativa
Varios países de la región como Chile cuentan desde el año 2002
con un sistema de evaluación llamado “Asignación de excelencia pedagógica” que
otorga un bono extra de remuneración
luego de un proceso de evaluación. Es el caso de Ecuador, que ya
cuenta con su propio Inst. Nacional de Evaluación Educativa (creado en 2012),
que evalúa parámetros a partir de los cuales los docentes cobran sus salarios,
descargando la medición de la "calidad educativa" sobre el desempeño
específico de los trabajadores.
En otros
países, como Estados Unidos, este proceso evaluativo se ha transformado en la
llave para despedir docentes que no lleguen a cumplir con ciertos parámetros evaluables.
Los ejemplos siguen, pero podemos concluir que en todos los casos han servido
para disciplinar al colectivo docente profundizando la tendencia a la
privatización y fragmentación del sistema educativo.
La conclusión
de los organismos internacionales ha sido que es necesario completar la tarea
de las reformas educativas que desde los noventa se vienen aplicando, es decir,
modificar el régimen laboral docente tal como lo dijera el propio ministro
Bulrrich en el año 2011 “atar el salario
docente a la evaluación de su desempeño y capacitación”
El problema de
una evaluación en los términos que plantea este tipo de proyecto es que colocan
a los que sostienen todos los días las escuelas, docentes, estudiantes y
padres, en los responsables de la crisis educativa.
Hay que rechazar este proyecto en el contexto
de ataque sistemático a las condiciones de trabajo y estudio que viene
realizando el gobierno de la Ciudad, como parte de una política educativa más
general que también lleva adelante el Ministerio Nacional de Educación con sus
leyes y decretos salariales.
Es necesario
organizar la lucha.
Organicemos
asambleas por escuelas y distritos, exijamos a los sindicatos una asamblea
general de los docentes porteños que vote un plan de lucha para enfrentar este
Proyecto.
DESDE TRIBUNA
DOCENTE PLANTEAMOS:
Ninguna evaluación docente por fuera de la existente;
Defensa integral del estatuto del docente;
Titularización de los docentes contratados;
Titularización de los programas socioeducativos;
No al salario por mérito;
No a un ranking de escuelas;
4 horas frente a clase y 4 de planificación y capacitación permanente
con puntaje;
Salario igual a la canasta familiar en un solo cargo;
Tribuna Docente
En la actualidad hay varias instancias
evaluativas regionales y nacionales que realizan una medición en términos de
resultados en aprendizajes básicos. Días atrás el ministro Sileoni lanzó el
Plan de evaluación educativa nacional para los tres niveles, con el objetivo de
recabar información cuanti-cualitaiva.
Este tipo de instrumentos, como las pruebas
estandarizadas Pisa, siguen reproduciendo el sentido de medir cuanto saben de
matemáticas o lengua un estudiante, sin dar cuenta de las condiciones
materiales y sociales de los mismos y del contexto de enseñanza.
Estos resultados, que arrojan entre otros datos
el alto nivel de deserción y repitencia del alumnado, inciden en la elaboración
de los planes curriculares y reformas educativas.
La ley nacional de educación del año 2006 tiene
en parte esa inspiración, adaptar la escuela a la decadencia social y económica
atada a las necesidades del flexibilizado mundo laboral. Los mismos que dieron
lugar a esa reforma fueron los que estuvieron involucrados en la Ley Federal de Educación, provocando un
verdadero desastre educativo. (Filmus).
La conclusión de este tipo de operaciones es la
reducción de contenidos a enseñar, devaluando la enseñanza y estableciendo un
nexo directo entre estos fracasos educativos y la responsabilidad docente. Ni
una mención a las reformas fracasadas, al salario, al presupuesto educativo, a
la flexibilizada tarea docente, etc.
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